DOSSIER
TEMÁTICO
Redes sociales y
administración pública: los desafíos y oportunidades de los gobiernos en la era
de la comunicación digital
Social networks and
public administration: The challenges and opportunities of governments in the
era of digital communication
Carlos
Gómez Díaz de León carlos.gomezdz@uanl.edu.mx
https://orcid.org/0000-0001-6796-5569
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Daniel
Javier de la Garza-Montemayor daniel.delagarza@udem.edu
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059
Universidad de Monterrey.
Redes
sociales y administración pública: los desafíos y oportunidades de los
gobiernos en la era de la comunicación digital
Universitas-XXI,
Revista de Ciencias Sociales y Humanas, núm. 39, pp. 87-103, 2023
Universidad
Politécnica Salesiana
2023.Universidad
Politécnica Salesiana
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Recibido: 02/07/2023
Revisado: 27/07/2023
Aprobado: 18/08/2023
Publicado: 01/09/2023
DOI:
https://doi.org/10.17163/uni.n39.2023.04
Resumen
En
los últimos años se han desarrollado una serie de cambios sociales que han
resultado un formidable reto para las ciencias sociales. El auge de las
herramientas digitales que han modificado la forma en que las personas
interactúan y asimilan la vida social ha dado lugar a diversas investigaciones
académicas que han buscado comprender la esencia de un fenómeno que sigue
avanzando en nuestros días. En este artículo de revisión nos enfocamos en
estudiar la relación entre los medios digitales y la administración pública.
Para ello, se ha utilizado una metodología cualitativa derivada de un análisis
de la información que toma en cuenta algunos de los estudios más importantes de
los últimos años. Asimismo, se revisaron informes oficiales que contribuyen a
explicar las transformaciones más importantes en la materia de los últimos
veinticinco años. El punto de partida es un enfoque eminentemente politológico.
Se realiza un recorrido de los cambios recientes en las democracias
contemporáneas, las instituciones políticas, cambios institucionales y cuál ha
sido su relación tanto con los medios convencionales como las redes socio
digitales. La investigación propone algunos elementos a tener en cuenta tanto
en terreno teórico como en la práctica, teniendo en consideración que se vive
un proceso histórico que se profundizará en los siguientes años, ante el avance
de la digitalización. Las buenas prácticas y el uso estratégico de la
tecnología pueden derivar en el fortalecimiento de expresiones democráticas,
así como de los procesos de buena gobernanza.
Palabras clave: Redes sociales, administración pública,
transformación digital, gobernanza, participación ciudadana,
gobierno, digitalización, ciencias sociales.
Abstract
In recent years, a series of
social changes have resulted in a formidable challenge for the social sciences.
The rise of digital tools that have modified the way in which people interact
and assimilate social life has led to various academic investigations that have
sought to understand the essence of a phenomenon that continues to advance
today. In this article we focus on studying the relationship between digital
media and public administration. For this purpose, a qualitative methodology
derived from an analysis of the information that considers some of the most
important studies of recent years. In the same way, official reports that
contribute to explain the most important transformations in the matter of the
last twenty-five years were reviewed. It starts from an eminently political
approach. A tour of recent changes in contemporary democracies, political
institutions, institutional changes and what has been their relationship with
both conventional media and digital partner networks is carried out. The
research proposes some elements to consider both theoretically and in practice,
taking into account that there is a historical process that will deepen in the
following years, given the advance of digitization. Good practices and the
strategic use of technology can lead to the strengthening of democratic
expressions, as well as good governance processes.
Keywords: Social networks, public administration,
digital transformation, governance, citizen participation,
government, digitization, social sciences.:
Forma sugerida de citar:
Gómez Díaz de León, C.
y de la Garza-Montemayor, D. J. (2023). Redes sociales y administración
pública: los desafíos y oportunidades de los gobiernos en la era de la
comunicación digital. Universitas XX1, 39, pp. 83-107. https://doi.org/10.17163/uni.n39.2023.04
Introducción
Los últimos 50 años han estado
caracterizados por el cambio en todas las esferas de la sociedad y por ello las
ciencias sociales se han enfrentado al reto de intentar describir, explicar y
predecir estos cambios desde cada una de sus perspectivas científicas. La
sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la
comunicación política, la economía entre otras disciplinas sociales abordan una
abundante agenda que ofrece más dudas que certidumbre por la complejidad y
velocidad de los cambios generados en todo el mundo y en todos los ámbitos.
Si a ello agregamos la traumática
aparición del COVID en 2020, que aceleró y marcó a nuestro parecer un punto de
quiebre en estos procesos de transformación social, podríamos afirmar, sin
lugar a dudas, como bien señala el politólogo español Subirats (2016) que
efectivamente estamos frente a un cambio de época. Nos referimos a un cambio de
época en el sentido que se menciona más arriba que involucra la metamorfosis
del sistema social en su conjunto, es decir implica severas alteraciones en el
subsistema político, el subsistema normativo, el subsistema económico y el
subsistema cultural. Precisamente por la magnitud y complejidad de los cambios,
uno de los problemas centrales de los estudiosos de estos temas es la falta de
paradigmas que permitan entrever cuáles son los derroteros viables para
enfrentar los desafíos de la coyuntura y del cambio de época.
En este marco, el presente documento
pretende abordar estos cambios desde la perspectiva de las Ciencias Políticas y
más específicamente de la Administración Pública y la Comunicación Política. El
tema propuesto es la interrelación entre administración pública y las redes
sociales. Si bien esta vinculación es un tema de estudio relativamente
reciente, sobre todo por la acelerada y a la vez accidentada evolución de estas
redes sociales en cuanto a su estudio, regulación e impacto en la comunicación
y el sistema político, el análisis del tema implica necesariamente la
elaboración de un marco teórico previo con la definición de elementos
conceptuales de democracia, gobernabilidad, gestión pública y eventualmente
políticas públicas.
Los constructos sociales evolucionan
en la misma medida en que van modificándose las estructuras sociales. Esto
quiere decir que los conceptos se “actualizan” conforme a las circunstancias de
la realidad. Por lo tanto, la denotación y connotación de constructos como
democracia, gobierno y administración pública difieren según el contexto
histórico en que se utilizan. Por esta razón, antes de presentar las premisas
de la vinculación entre la administración pública y las redes sociales, se
desarrollarán brevemente las tres transformaciones que estructuran la hipótesis
de este documento de trabajo y que corresponden, en primer lugar a la
transición del gobierno y la gobernanza, en segundo lugar, de la administración
pública hacia la gestión pública y, por último, de los medios de comunicación
tradicionales a las redes sociales.
Posteriormente, se analizarán los
elementos característicos de las redes sociales en el sistema político en
general y en la administración pública en particular, así como algunas
tendencias actuales en su aplicación y, finalmente, se esbozarán algunas
perspectivas en cuanto a riesgos en su aplicación indiscriminada, y la agenda
pendiente para una vinculación que mejore el funcionamiento de la gobernanza
democrática.
El surgimiento de las redes sociales
a principios de los años noventa provocó una ampliación de los espacios de
diálogo y comunicación social entre todos los estratos sociales, de manera
transversal, horizontal e intermitente donde los mismos individuos y grupos en
sociedad pueden formar parte de la información e igualmente, influenciar en
ella; logrando con ello que dichos espacios tengan un nivel de comunicación
superior a los medios tradicionales en términos de contenidos, velocidad y
volumen de información.
Tomando en consideración que las
redes sociales son la interfase comunicativa entre sociedad y gobierno y entre
los actores sociales, existe una sinergia entre ambos factores, sociedad e
instituciones, que puede contribuir a que la administración pública pueda lograr
más ágilmente sus objetivos.
Las redes sociales como herramienta
para la gestión pública facilitan mediante la información y datos que
trasmiten, el cumplimiento de sus objetivos y metas si se utilizan y explotan
de manera correcta y con fundamento legal, racional, y objetivo, y de
conformidad con los recursos y capacidades del ente público que hace uso de
ellas y de la misma sociedad. En este trabajo se analiza someramente esta
relación para ir delineando una hoja de ruta que empodere positivamente el uso
de las redes sociales como instrumento de mejora de la administración pública.
Para ello se procederá con una
metodología cualitativa a través de un análisis de textos de los principales
estudiosos de estos temas en el contexto actual, así como de documentación
oficial que contribuya a explicar las transformaciones operadas en el último
cuarto de siglo y que ilustran lo que denominamos el cambio de época.
Planteamiento del
problema: antecedentes históricos del cambio de época
Considerando que el enfoque de
análisis es eminentemente politológico, convencionalmente podemos iniciar el
análisis del cambio de época desde la perspectiva de la democracia y las
instituciones políticas para luego analizar el cambio institucional en la
administración pública y finalmente en los medios comunicación y el uso de las
tecnologías de la información.
Existe un amplio consenso en los
estudiosos sobre el tema en el sentido que la reforma del Estado iniciada en el
último cuarto del siglo XX fue consecuencia de la crisis del estado bienestar a
nivel mundial que se acentuó a partir de la pérdida de efectividad, eficiencia
y legitimidad de los gobiernos en sus políticas públicas, así como en el
cuestionamiento de la democracia y de sus resultados en el buen gobierno.
Evidentemente, al tratarse de un cambio estructural, las transformaciones
impactan todas las dimensiones del sistema social, es decir: políticas,
económicas, culturales y normativas. Por limitaciones de espacio nos
referiremos a las dos primeras.
Dimensión política
El cambio político se origina en una
multiplicidad de factores. Por una parte, desde una perspectiva global las
causas las advertimos en el agotamiento del modelo de estado bienestar y el
resurgimiento del modelo neoliberal, en la modificación de la correlación de
fuerzas por el debilitamiento del modelo soviético y la emergencia de China, el
deterioro de los sistemas democráticos y la reaparición de los populismos y las
ultraderechas. En cierta medida es precisamente el proceso de la globalización
lo que detona esta transformación. Es una ruptura lo que provoca el cambio de
época. La caída del muro de Berlín marcó un hito en la historia mundial al
simbolizar el derrumbamiento del comunismo y la victoria del capitalismo. Sin
embargo, dio lugar a una sensación de vivir una ruptura del orden mundial que
no parece tener sentido. Así lo describe un internacionalista (Laidi, 1997, p. 25), al afirmar que, con el fin de la
guerra fría, se dislocan los elementos que dan sentido a la historia mundial:
fundamentos, unidad y finalidad. En apariencia afirma, “triunfa la democracia
de mercado, pero esta se muestra incapaz de sostener el debate sobre sus
fundamentos. Los desajustes políticos, económicos y financieros se prestan cada
vez menos a una clave de interpretación común”.
Por otra parte, desde la perspectiva local
también se producen transformaciones asimétricas hacia la democracia, pero
también movimientos sociales tradicionalistas con tendencias autoritarias y
movimientos sociales que perturban el sistema global como el terrorismo y las
migraciones, y más recientemente la pandemia del COVID-19. Como detonantes
específicos de estas referencias históricas concretas que mencionamos podemos
citar la crisis política en Estados unidos de Norteamérica por el caso Nixon,
el embargo árabe y el surgimiento de la OPEP, la caída de Allende en Chile, la
invasión soviética a Afganistán, el arribo al poder de Ronald Reagan, y
Margaret Thatcher en EUA e Inglaterra respectivamente, el surgimiento de China
al escenario mundial con motivo del arribo al poder de Dend
Xiaoping y todas las repercusiones posteriores en el
campo geopolítico y económico (Gerstle, 2022).
Dimensión económica
La evolución de las fuerzas
productivas en los últimos 50 años ha tenido un efecto sorprendente en la
crisis mundial. De hecho, podríamos afirmar que es el factor detonante de la
ruptura del sistema. Se habla hoy en día en la era de la sociedad del
conocimiento y en este contexto, el desarrollo tecnológico ha alcanzado
progresos insospechados que rebasan con mucho el control y la regulación por
parte de los mismos seres humanos, como es el caso de la inteligencia
artificial. Alvin Toffler en su célebre Tercera Ola
ya perfilaba la disrupción provocada por la revolución digital, a la cual
precedió El shock del futuro, pero tuvo que completar
su obra con sus ideas sobre El cambio del poder, es
decir dando mayor amplitud a la transformación en curso, al cambio de época.
Así lo describe el mismo (Toffler, 1990, pp. 25 y ss.), “Vivimos unos momentos
en los que toda la estructura de poder que mantuvo unido al mundo se desintegra
y otra, radicalmente diferente, va tomando forma”. Y remata: “no es una mera
transferencia del mismo sino una transformación”. En este marco nos parece
pertinente su referencia al acontecimiento económico más importante que ha
contribuido al cambio del poder y que es precisamente el nacimiento de un nuevo
sistema para crear riqueza que no se basa ya en la fuerza sino en la mente. De
esta idea deriva una relación dialéctica que cita el mismo Toffler (1990, p.
32) consistente en afirmar que la nueva economía no se basa en trabajar sobre
cosas, “sino en hombres y mujeres que actúan sobre otros hombres y mujeres, o
personas que actúan sobre la información y la información que actúa sobre las
personas”. Estas ideas nos centran en dos aspectos fundamentales en nuestro
trabajo que son, por un lado, la transformación del poder, es decir del
ejercicio del gobierno y, por otro la importancia de la información en este
mismo proceso y que puede ser empoderada por las redes sociales. Ambas
dimensiones llevan implícitas algunas de las características de la gobernanza.
De la administración
tradicional a la gestión pública
Conceptualmente, la administración
pública se ha entendido simplemente como la actividad del estado. Esta
definición general ha sido relativamente consensada por los especialistas (Guerrero,
2019):
En
Alemania, Karl Marx se refirió a la actividad organizadora del estado y Lorenz von Stein a la actividad del estado; el iniciador de los
estudios de administración pública en Estados Unidos de Norteamérica, Woodrow
Wilson se refirió a ella como el gobierno en acción, Luther Gulick sobre el
trabajo del gobierno y Marshall Dimock como un
constructor. (p. 37)
A pesar de la diferencia entre la
definición de administración pública como institución en la evolución del
pensamiento administrativo contextualizado en diferentes países, “podemos
afirmar que prácticamente todas las definiciones de administración pública
generalmente se entienden a partir de tres dimensiones diferentes” (Gómez,
2016). Estos aspectos están teniendo en cuenta las siguientes características:
como una estructura, como la función o actividad del Estado y como una
disciplina científica.
En este marco, en Gómez (2016) se
advierte que la administración pública como una estructura que gestiona los
recursos se fundamenta en el marco legal y se sustenta en la descripción
estática del aparato administrativo del gobierno. Es lo que consideramos el
enfoque institucional. Por otro lado, la consideración como función del estado
considera la administración pública como una acción continua del aparato
estatal que satisface las necesidades y demandas de la sociedad. Finalmente,
“la consideración de la administración pública como disciplina es parte de la
afirmación de su consolidación como una disciplina científica autónoma” (Gómez,
2016, p. 23).
A partir de
estos supuestos, se puede afirmar que “es común encontrar nociones de
administración pública influenciada por la ley, la ciencia política o la
administración, que intentan definirla y explicarla de acuerdo con la esfera de
influencia de cada disciplina” (Villarruel, 2016, p. 133). Sin embargo, debido
a la transformación de los paradigmas económicos, políticos y sociales
mencionados anterior y especialmente la globalización como reto inevitable, y debido
a su naturaleza multidisciplinaria, la administración pública continúa hoy,
tratando de encontrar su plena autonomía y una definición para desarrollarse
como una disciplina autónoma y específica (Pardo, 2016, p.125 y ss.).
En el desarrollo histórico del
estudio de la administración pública tradicional podemos apreciar que ha
adoptado diversas formas u objetos de estudio, es decir ha sido analizada y
concebida con diferentes connotaciones (Villarreal, 2016). Los diferentes
sentidos que se le han dado son:
Estado como un elemento integrador
de las fuerzas sociales.
Gobierno y su estructura funcional
y operativa.
Poder como una forma instrumental.
Poder ejecutivo expresado en el
ejercicio de los recursos públicos y la atención a las demandas sociales.
Relación institucional existente
entre las autoridades públicas.
Burocracia y su personal.
Teoría de las organizaciones
públicas (Uvalle, 2005).
Desde una perspectiva más utilitaria,
los objetos de estudio enumerados de la administración pública tradicional
proporcionaron una base teórica y metodológica para el pensamiento
administrativo de América del Norte en el siglo XX. “Desde la visión progresiva
de América del Norte, la evolución de la administración pública comenzó en este
contexto, cuyo paradigma dominante fue la eficiencia y el modelo instrumental
racional en el proceso de decisión” (Berumen Villarreal y Medellín Mendoza,
2016).
No obstante, la evolución del
contexto histórico, basado en las necesidades institucionales diferenciadas,
cambiaron el enfoque del estudio del fenómeno administrativo hasta alcanzar los
paradigmas actuales centrados en un método gerencialista con los valores de
eficiencia y eficacia como supuestos básicos. Esto significa precisamente la
transformación de la administración pública. Siguiendo esta perspectiva,
podemos afirmar según el pensamiento norteamericano, que la administración
pública occidental ha pasado por las siguientes siete etapas (Arrellano, 2004,
p. 101):
Ortodoxia. Caracterizado por una
administración científica con una estructura jerárquica vertical y
centralizada. El componente humano no se consideró en el modelo ortodoxo.
Heterodoxia. El factor humano se
vuelve importante al establecer las relaciones humanas dentro de la
organización. El individuo se considera estratégico y con un impacto en los
objetivos organizacionales.
Neoclasicismo. Se hace hincapié en
el proceso de decisión basado en las limitaciones del factor humano. Proceso
conocido como racionalidad limitada (Simon, 1947).
Política pública. “El conjunto de
actividades de las instituciones gubernamentales, actuando directamente o a
través de agentes, y que tienen como objetivo tener una cierta influencia en la
vida de los ciudadanos” (Alcántara, 2004, p.106).
Nueva administración pública.
Rediseño estructural basado en estrategias de descentralización y delegación de
funciones, incorporando métodos innovadores basados en objetos y objetivos
preestablecidos.
Gerencia pública. Aparece como una
propuesta para repensar la disciplina administrativa pública como una respuesta
a la crisis administrativa y la falta de legitimidad (Cabrero, 1997). Se basa
en la efectividad y la eficiencia económica.
Nueva administración pública.
Este último período integrado después
de la reforma gerencial de los años ochenta, se caracteriza por la aplicación
de siete premisas (Hood, 1991): participación de profesionales en la
administración; especificación de estándares y evaluación del desempeño de la
agencia; énfasis en el control de los resultados; desagregación de unidades en
el sector público; cambio en la competencia entre las agencias gubernamentales;
énfasis en el uso de técnicas de gestión del sector privado; austeridad en el
uso de recursos gubernamentales. Estos lineamientos fueron ratificados por
estudios de la OCDE dando mayor legitimidad al cambio del modelo de gestión
(OCDE, 1997).
Por otro lado, más recientemente ha
comenzado un problema que se centra más en el elemento político de la
administración. El estado contemporáneo planteado por Wolfe (1980) se
caracteriza por una crisis de legitimidad, sobre todo desde la perspectiva de
los resultados.
Dicha crisis es un fenómeno derivado
de un problema universal: “Más como resultado de la evolución social, económica
y tecnológica del mundo contemporáneo, que como resultado de gobiernos
específicamente ineficaces o regímenes particularmente inoperativos” (Cabrero,
1997, p.15).
Se presenta como una respuesta a las
demandas ciudadanas, buscando un aparato estatal que sirva a la sociedad y no
viceversa. En este orden de ideas, Laufer (1982)
sugiere un nuevo sistema de legitimidad; fundado no por los fines, sino por los
métodos del ejercicio del poder. Es una crisis de la relación estatal-sociedad,
y “es precisamente el aparato de la administración pública el que es el puente
responsable en dicha relación” (Cabrero, 1997, p.17). Es en esta coyuntura en
la que la influencia de las redes sociales se nota como un instrumento de
conexión de esta relación de sociedad gubernamental.
La respuesta a la crisis de
legitimidad planteada es la modernización de la administración pública. En
otras palabras, la transición hacia la nueva gestión pública. Dicha
modernización, según Cabrero (1997), debe implicar tres factores fundamentales:
1) Eficiencia. Este aspecto de la modernización aparece como un proceso
transformador de una administración pública ineficiente, que desperdicia
recursos y energía organizacional. Por lo tanto, se establece la necesidad de
recomponer las relaciones de entrada-salida. 2) Efectividad. Esta dimensión se
basa en la necesidad de modernización debido a la crisis en la realización de
los objetivos estatales. La administración pública tradicional se considera un
aparato ineficaz, incapaz de lograr objetivos. Requiere, por tanto, soluciones:
es decir: una reducción del aparato burocrático y la racionalización de los
recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Finalmente, 3)
Legitimidad. Esta dimensión se refiere a la modernización basada en el proceso
necesario para restablecer el diálogo entre el Estado y la sociedad.
Mecanismos diversos y no
tradicionales que permiten la fluidez del diálogo, la comunicación, el acuerdo
y, sobre todo, la participación y la voluntad de la ciudadanía. Una
participación no solo en el nivel de demanda sino también en la gestión y
monitoreo de las políticas y proyectos que se ejecutan. (Cabrero, 1997)
Con respecto a esta investigación,
teniendo en cuenta la modernización necesaria planteada por Cabrero (1997), que
en resumen se refiere a la introducción de la nueva gestión pública que toma la
eficiencia, efectividad y legitimidad como ejes fundamentales, se prestará
especial atención al énfasis en el eje de legitimidad, que establece la
necesidad de mecanismos de comunicación fluida y la participación continua de
la sociedad en los procesos y decisiones de la administración pública.
Al igual que la administración
pública, la evolución de los medios de comunicación y la revolución tecnológica
provocaron una transformación de lo “tradicional” a lo moderno en el ámbito de
la comunicación; al tener una correlación evolutiva que determina en una
dependencia sinérgica entre ambos. Es por ello por lo que aparecen las redes
sociales.
Metamorfosis de los
medios tradicionales de comunicación a las redes sociales
Desde la perspectiva de la teoría
política, los países con sistemas democráticos, cuya base es el liberalismo
político, tienen como eje fundamental la división de poderes: ejecutivo,
legislativo y judicial. “La división de poderes y garantías de los gobernados
son los dos supuestos legales básicos en los que se basa la estructura
constitucional moderna del estado occidental” (Villanueva, 2014, p. 149). Dicha
división implica depositar el poder público del estado en cuerpos diferentes e
interdependientes para llevar a cabo las acciones y el funcionamiento adecuado
de la entidad de gobierno.
Paralelamente al desarrollo de esta
modelo tripartita, y en función de la evolución que va gestándose en la
sociedad civil, a finales del siglo XVIII, como consecuencia de la Revolución
Francesa, el término de un cuarto poder comenzó a utilizarse “para hablar de
los medios incipientes” de comunicación social (González, 2020, p. 9). Este
término se atribuye al político inglés Edmund Burke
que utilizó esta expresión en el Parlamento inglés, refiriéndose al poder que
la prensa ya tenía para promover actitudes y criterios políticos en la sociedad
(Esquivel, 2013).
Desde ese momento según Castro
(2006), la prensa ya era un poderoso instrumento de subversión del orden, la
moralidad, la religión y de fuerte influencia en la sociedad humana misma. “La
prensa actuó como un contrapoder de los poderes establecidos, una función que
luego fue reconocida por la sociedad” (Galán-Gamero, 2014, p. 156).
Para ciertos comunicólogos, los
medios de comunicación “son la piedra angular en las sociedades democráticas,
ya que actúan como interlocutores entre el estado y la sociedad civil” (Blesa,
2006, p. 92) generando un espacio donde los problemas de relevancia para la
comunidad son tratados, y analizados por los actores políticos.
En un contexto teórico más reciente, esta
característica de los medios de comunicación en una sociedad democrática
coincide con la filosofía de Jürgen Habermas (1991), que especifica que los
medios realizan su función como un “guardián” en sociedades abiertas y libres.
De la misma manera, guían a la audiencia hacia los temas más importantes,
generando así una agenda y expandiendo el espacio público (McCombs y Shaw, 2001).
Tal espacio público es el núcleo de una sociedad democrática (Blessa, 2006).
Más recientemente, en el mismo orden
de ideas, Robert Dahl (1992) afirma que en cualquier sistema democrático deben
coexistir además de otros elementos, dos instituciones básicas desde la
perspectiva de la comunicación: la pluralidad de información y la libertad de
expresión; ambos son posibles debido a la existencia misma de los medios de
comunicación masiva. Basado en lo anterior, podemos inferir que existe una
correlación e interdependencia entre los medios de comunicación y la vida democrática
debido a su influencia en la sociedad civil.
Desafortunadamente, los medios
tradicionales (televisión, radio, prensa) se han alejado de la correlación
ideológica con la vida democrática y “parecen haber llenado convenientemente
este vacío al pararse como los interlocutores privilegiados entre el mundo de
las empresas y la sociedad, por una parte, y el negocio y la política por la
otra” (Blesa, 2006, p. 93). Según esto, hay dos dimensiones claras dentro del
campo de los medios de comunicación: la comercial y la político-ideológica, que
prevalecen predominantemente en las actividades periodísticas (Cebrián, 2004).
Motivados por fines económicos y
comerciales, los medios de comunicación “apenas se conciben en el esquema
tradicional del espacio público, pero se definen como espacios privados capaces
de influir en la política, la gestión estatal y la vida privada de las
personas” (Luna Pla, 2003, p. 22).
La fuerza social
y económica concentrada en los medios es innegable. Desafortunadamente, esta
nueva motivación, lejos del propósito original de los medios de comunicación
previamente expuestos, tiene una característica predominante: “la concentración
de los medios en cada vez menos manos, que siempre pertenecen a las élites
económicas y financieras” (González, 2020, p. 13).
Debido a que los medios tradicionales
han cambiado su propósito de diálogo entre el Estado y la sociedad para buscar
la rentabilidad económica, “están sufriendo una crisis de credibilidad” (Calvo et al., 2014, p. 23). La percepción de la audiencia sobre
la credibilidad de los medios ha disminuido desde la década de 1970 (Pew Research Center, 2007).
En México, los medios de comunicación
se han distinguido por el dominio total de dos estaciones de televisión (Huerta
y Gómez, 2013, p. 123) que “entre ambos titulares han alcanzado un total del 96
% de la participación en la pantalla del país” (De La Garza y Barredo, 2017, p.
97). Estas estaciones de televisión prácticamente tenían el monopolio de la
gestión simbólica de la opinión pública. A pesar de que los mexicanos obtienen
su información sobre política de varias fuentes (familia, trabajo, centros
educativos), los medios de comunicación llegaron a influir fuertemente en el
tema de la política (García y Huerta Wong, 2008).
La pérdida de credibilidad de los
medios de comunicación, que indirectamente causó la desafección política debido
a la misma falta de confianza en la información que transmiten los medios
tradicionales, es una realidad que ha cambiado debido a la aparición y el
crecimiento de las redes sociales (De la Garza, 2020).
Aunque el surgimiento de las redes
sociales en el siglo XXI se ha asociado con avances tecnológicos
extraordinarios en la comunicación, el concepto es más remoto y tiene su origen
en estudios sociológicos. En este sentido, el concepto de red social se refiere
de manera simple y clara a las estructuras sociales compuestas por individuos
unidos por algún tipo de relación. De hecho, incluso está asociado con otro
concepto que está estrechamente relacionado con las redes sociales y que es el
capital social. Este último término se refiere a las relaciones establecidas
por los grupos sociales con objetivos comunes, y que se basan en la
solidaridad, la lealtad, la reciprocidad y otros factores que van más allá del
mero intercambio de información (Gómez y Portela, 2011).
Claramente, en el contexto de la
sociedad del conocimiento, el sentido que tienen las redes sociales se centra
fundamentalmente en el uso de plataformas tecnológicas y el intercambio de
información, datos y mensajes entre las personas, mientras que en el capital
social tienen un sentido más cooperativo hacia los objetivos colectivos, de la
comunidad (Gómez, 2016, p.110).
Con la revolución de las TIC, por
otro lado, el concepto adquiere una connotación más amplia en el siglo XXI con
el impulso que reciben estas relaciones sociales debido al uso y la difusión de
Internet. En este contexto, la red social adquiere una naturaleza más dinámica
como producto de la Sociedad de Conocimiento, al facilitar las interacciones a
través de varias plataformas (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, entre otros), con mensajes, contenido y videos,
multiplicando así las posibilidades de intercambio entre individuos y grupos
sociales. Este fenómeno es precisamente lo que da lugar a este nuevo
significado dado a las redes sociales.
Con el advenimiento de las redes
sociales (tecnológicas), “las formas y la frecuencia en que se comunican los
seres humanos han cambiado, lo que también ha dado lugar a una forma diferente
de participación ciudadana” (Ayala, 2014, p. 23). Las nuevas formas de
interacción y participación que las redes sociales traen consigo han originado
una nueva forma de organización comunicativa en la que las personas tienen
acceso a información directa y permanente “pero también el derecho a ser
participantes de discurso público, que solo estaba restringido a una élite de
poder” (Ayala, 2014, p. 24), una circunstancia muy diferente de la observada en
los días previos a las redes sociales donde predominaban los medios
tradicionales. Esto es precisamente lo que abre una oportunidad extraordinaria
para el uso de redes sociales en la administración pública.
Las redes sociales deben entenderse no
solo como herramientas tecnológicas simples para el intercambio de mensajes,
sino como medios auténticos de comunicación, interacción y participación global
(García et al., 2014, p. 36).
Redes sociales y
administración pública
Las redes sociales constituyen
constructos recientes que se refieren a un fenómeno evolutivo que se transforma
a gran velocidad y que es heterogéneo. En 2019, el 45 % de la población mundial
usó redes sociales, siendo Facebook la red social más utilizada con más de 2270
millones de usuarios activos (Hootsuite, 2019). Estas redes han tenido un
fuerte impacto no solo en la sociedad, sino también en el sector público,
debido a su impacto posible en la transparencia, la participación y la colaboración
que las redes traen consigo (Criado et al., 2013).
En relación con el campo de la nueva
gestión pública, las redes sociales presentan oportunidades para contribuir a
los objetivos de esto es decir construcción de comunidad, considerando los
aspectos de la transparencia, la legitimidad y la participación. Las redes
sociales permiten una comunicación e interacción fácil y directa de la
administración pública con otros actores (Bonson et
al., 2015). Esto se debe a que las plataformas digitales favorecen el
acercamiento del gobierno con el ciudadano debido a los espacios que crea.
Otra ventana que ofrecen que las
redes sociales es la desintermediación. “Estas tecnologías causan la generación
de mayores lazos horizontales entre proveedores y destinatarios de servicios
públicos” (Villorde, 2020, p. 377), beneficiando así
a la administración pública con la inteligencia colectiva del ciudadano.
Las redes sociales como fuente de
datos son otra oportunidad para usarlas como herramienta para la nueva gestión
pública. Las administraciones pueden extraer conocimiento e información de las
actividades y relaciones generadas por los ciudadanos en las diversas
plataformas digitales de las redes sociales (Mejier y
Potjer, 2018). El uso de estos datos mejora la
eficiencia organizacional, la calidad, la confianza y la legitimidad de la
administración pública.
La adopción del uso de redes sociales
en los procesos de administración pública se conoce como la
institucionalización de las redes sociales (Villorde,
2020, p. 380).
Implica
la convergencia y el establecimiento de un conjunto de rutinas y
procedimientos, la alineación de prácticas innovadoras como parte de la misión
y visión de la organización, así como la integración de estas plataformas
digitales en el paradigma tecnológico y los estándares de comunicación pública
de la organización. (Villorde, 2020 citando Mergel, p. 216)
Por lo tanto, la institucionalización
debe fundamentarse en un modelo racional y en una adecuada planeación de su
implementación.
Según la complejidad de la
implementación y su debida importancia, existen ciertas estrategias para el uso
de redes sociales en la administración pública que deben considerarse para su
implementación en el campo.
Cada administración utiliza redes
sociales de la manera que mejor sirve a sus objetivos y dentro de sus
posibilidades en función de sus circunstancias (Villorde,
2020). Algunas administraciones se basan más en explotar el potencial de
difusión de información de las redes, pero otras aprovechan las plataformas
para usos más participativos y colaborativos (Meijer y Thaens,
2013). Cualquiera sea el caso, “las redes sociales se presentan como una
herramienta útil invaluable” (Villorde, 2020, p.
383).
Por otro lado, Mergel
(2013) clasifica los usos de las redes sociales en la administración pública en
tres categorías según su función:
Empujar. El uso de redes sociales
como canal para la difusión de información para los ciudadanos. La
administración está representada en las redes sociales con el objetivo
principal de posicionar mensajes, evitando la interacción directa con los
ciudadanos.
Jalar. Busca información del mismo
público, por lo que alienta la participación del usuario en sus redes. Busca
interacción a pesar de que es limitada.
Redes. Perseguir la generación de
comunicación horizontal y continua, basada en intercambios abiertos con los
usuarios.
Además de la categorización de Mergel et al. (2020), y con base en la categorización antes
mencionada, la han enriquecido al centrar el énfasis en los usos de las redes
sociales para complementar la provisión de ciertos servicios públicos y
establecer transacciones sociales. Por lo tanto, los autores (Criado y Villorde, 2020) clasifican el uso de redes sociales en la
administración pública en las siguientes tres categorías:
Suministro de información.
Destinado a la difusión de información básica sobre la administración
(actividades, eventos, comunicados de prensa, etc.).
Interacción ciudadana. Las
administraciones buscan la interacción con el ciudadano estableciendo una
comunicación bidireccional en las plataformas.
Provisión de servicio público.
Vinculado a la difusión de información sobre los servicios públicos otorgados
por la administración (recomendaciones de salud, alertas meteorológicas,
recomendaciones para cuidar agua, llamadas a la acción, etc.).
El uso de las redes sociales como
herramienta para la nueva gestión pública de las organizaciones públicas
actuales “está teniendo impactos notables en muchos servicios y en diferentes
políticas públicas” (Villorde, 2020, p. 384).
El potencial comunicativo y
participativo de las redes sociales en la administración pública se puede ver
principalmente en la gestión de emergencias y en atacar la información errónea
que existe en las mismas redes. Dicho potencial de difusión es utilizado por
las administraciones a su favor y, por lo tanto, logra más fácilmente los objetivos
y objetivos de la misma administración pública hacia la sociedad.
Un catálogo de buenas prácticas en el
uso de redes sociales en la administración pública requiere considerar ciertos
principios básicos:
Capacitar y educar a los empleados
de la administración pública sobre las leyes y regulaciones a seguir, así como
la importancia de utilizar las redes sociales para sus funciones; Esto para que
sean conscientes de sus limitaciones y consecuencias en sus acciones.
Publicar una política de
preparación de contenido unificada en las redes sociales y que se tenga control
sobre ella.
Destaca la importancia de no
asociar datos personales con datos organizacionales en las redes sociales.
Crear una estrategia para la
supervisión y la verificación del cumplimiento y la actualización de los
procesos administrativos realizados en los medios digitales.
Como podemos advertir, las
posibilidades de uso de redes sociales son un instrumento poderoso para
potenciar la mejora de la gestión pública.
Redes sociales y
gobierno
Es posible reconocer cuatro
diferentes etapas en lo que concierne el auge de las redes sociales en la
última década y media. En una primera instancia tenemos las primeras
manifestaciones que ocurren de manera esporádica en la segunda parte de la
década del 2000 cuando las redes sociales virtuales comienzan a popularizarse,
primero con fines lúdicos, pero más adelante se comprueba que pueden tener una
incidencia importante en la vida pública (Loader et
al., 2014; Chen y Jacobson, 2022).
Uno de los antecedentes más
importantes en términos de cómo las redes sociales fueron utilizadas para una
campaña política fue desde luego la elección presidencial del 2008 en las que
fueron capitalizadas por la campaña de Barack Obama que fue todo un éxito
mediático en aquel momento. Más adelante, la aparición de Wikileaks (independiente
de la valoración que se tenga de su fundador), va a marcar un precedente
importante en el periodismo, porque se comprueba que los medios digitales están
en la posibilidad de disputar la narrativa de los acontecimientos a los medios
tradicionales (Saleh, 2013; Katz et al., 2013).
En un principio, la aparición de las
redes sociales en la vida pública tuvo un carácter disruptivo y fue utilizado
principalmente para organizar y visibilizar acciones de protesta. El mejor
ejemplo de ello fueron los acontecimientos que se conocieron como La Primavera
Árabe. En el caso de Latinoamérica encontramos expresiones como el Invierno
Chileno y el movimiento
#YoSoy132. Sin embargo, no estaba claro en ese momento si esta nueva forma de
implicación cívica realmente influiría en la vida política. La primera etapa de
la aparición de las redes sociales se encuentra caracterizada por el potencial
democratizador de las mismas (Sola-Morales, 2016).
Con el paso del
tiempo fue evidente que estas herramientas tecnológicas sí podían articular
diferentes expresiones sociales, tanto para actos de protesta como en las
campañas políticas. Un antecedente importante fue lo que aconteció en las
elecciones estatales de Nuevo León en 2015, que revelaron nuevas posibilidades
en términos de comunicación política. La segunda etapa, podemos argumentar, es
cuando estas herramientas terminan por ser asimiladas por las organizaciones
públicas y privadas (empresas, dependencias gubernamentales, partidos
políticos) (Berumen Villarruel y Medellín Mendoza, 2016).
Es aquí cuando vemos un crecimiento
exponencial en el uso de las redes sociales virtuales. No siempre el uso que se
les da tiene un carácter estratégico, y en muchos casos los actores políticos
(así como algunas estrategas de medios masivos) no alcanzan a comprender el
alcance de estas. Pero dejan de ignorarlas, y se puede argumentar, también
dejan de luchar contra una tendencia inevitable. En este momento, se deja de
discutir sobre su relevancia, y más bien comienza a ser clave el uso
inteligente de las redes socio digitales (De la Garza, 2020).
En algunos casos, se utilizan para
medir el pulso de la opinión pública, para comunicar decisiones administrativas
o para posicionar la imagen de una determinada fuerza política o gobernante
específico. Es un proceso que ocurre demasiado rápido, en el segundo lustro de
la década de 2010 y que no está exento de riesgos (Stephens, 2018).
Con lo último nos referimos a la
proliferación de información falsa, que acompaña este proceso. También es
evidente que las redes dan voz a actores estridentes que no necesariamente
construyen de manera positiva. La polarización política que existe en la mayoría
de las democracias contemporáneas se traslada a los medios virtuales, y en
muchos casos inclusive termina por agravarse. De esa manera, se aleja la
posibilidad de una deliberación pública que permite construir soluciones de
manera colectiva. Esto nos lleva a una tercera etapa, que presenta una clara
incertidumbre (Kubin y von
Sikorski, 2021).
Los efectos de las redes sociales en
las democracias se vuelven inciertos, sobre todo cuando surgen casos como el de
Cambridge Analytica, que exhiben la manipulación a la
que pueden estar sujetas los nuevos medios. Por otra parte, en otros casos, la
comunicación entre gobernantes y gobernados por medio del ciberespacio es más
una simulación que una realidad (Isaak y Hanna, 2018).
Pero una cuarta etapa de esta
realidad se presenta en el contexto de la pandemia. Aún con el peligro de la
desinformación y de los efectos más nocivos de esta realidad, la crisis
sanitaria del Covid-19 demuestra que estamos ante un proceso irreversible. En
este caso se presenta un enorme reto ante una realidad que cambia demasiado
pronto y de la cual resulta difícil retroceder (Gottlie
y Dyer, 2020; Clement et al., 2023).
Durante el periodo de la pandemia,
las contradicciones de la era de la información tienen que coexistir: es verdad
que los medios virtuales se convierten en un espacio donde se difunde
información falsa y donde se promueve la confrontación social. Pero también
estas herramientas contribuyen a informar a la población de los riesgos
sanitarios, ayudan a que las personas puedan mantenerse en contacto en momentos
de distanciamiento social y coadyuvan a realizar labores a distancia que
permiten mantener la integridad física de las personas.
Hacia la conformación de
una estrategia digital en la gobernanza del siglo XXI
Como hemos apuntado antes en el
presente artículo, las redes sociales en teoría pueden ayudar a generar mejores
procesos de gobernanza, pero esto aún se encuentra en el terreno de lo posible
y no necesariamente de lo real. En otras palabras, son pocas las experiencias
exitosas de administraciones (municipales, regionales o nacionales), que hayan
utilizado exitosamente la tecnología para lograr una mayor participación
ciudadana, transparencia que genere una mejor rendición de cuentas, entre otras
posibilidades (Bryer y Zavattaro,
2011; Perozo Martín y Chirinos Martínez, 2019).
Pero como lo demostró la pandemia del
Covid-19, el aceleramiento en la interacción digital es un proceso que resulta
irreversible en el mejor de los casos. En el presente se discute, por ejemplo,
sobre las posibilidades de la inteligencia artificial y del metaverso. Las
organizaciones tanto públicas como privadas tienen ante sí un reto mayúsculo
para mantenerse dentro de una tendencia que ha cambiado la forma en que las
personas interactúan, asimilan el mundo a su alrededor e inclusive la manera en
que se expresan (Kemeç, 2023).
Por esa misma razón, es quizás un
lugar común declarar que lo que se requiere es un mayor uso de las herramientas
digitales en las dependencias públicas. El reto del presente es que las mismas
puedan utilizarse con un carácter estratégico. Por ejemplo, la manera en que la
tecnología puede permitir la toma estratégica de decisiones que se encuentre
orientada a ejecutar decisiones (Maciejewski, 2017).
Cuando hablamos del Big Data, nos
referimos a la capacidad de procesar una cantidad amplia de información que nos
permite realizar modelos predictivos, que pueden servir, por ejemplo, para
temas de enorme importancia como la salud y seguridad pública, la planeación
estratégica de las ciudades, la protección del medio ambiente, entre otras
posibilidades (Lavertu, 2016).
Pero también representa una enorme
responsabilidad por parte de las administraciones públicas el emplear
estrategias digitales. En primera instancia, se encuentra presente la necesidad
de reforzar la ciberseguridad en momentos en los que surgen nuevas formas de
delinquir en estos medios. Eso exige un compromiso con la protección a los
datos personales, así como los mecanismos institucionales y legales que
protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos (Davara
Fernández de Marcos, 2016; Andraško et al., 2021).
Tomando en consideración que vivimos
un proceso histórico que se va a profundizar en los siguientes años, las administraciones
públicas tienen el reto de capitalizar las oportunidades que se presentan, al
igual que prevenir algunos desafíos que presenta la era de la información. En
esto va a radicar si el uso de tecnología puede derivar en fortalecer
expresiones democráticas y en fortalecer procesos de gobernanza.
Conclusiones
Como se ha
señalado desde el inicio de este texto, los estudios sobre administración
pública han evolucionado en las últimas cinco décadas. Esto es consecuencia de
la propia transformación teórica como de las experiencias que han surgido
durante este tiempo. También es cierto que el estudio de los medios de
comunicación ha contado con un desarrollo importante y un importante
replanteamiento a raíz del surgimiento de los medios digitales. En la medida en
que la era de la información ha derivado en que las herramientas virtuales sean
indispensables para los ciudadanos para mantenerse en contacto, trabajar,
realizar transacciones, entre otras actividades indispensables y por otra parte
las administraciones públicas tengan ante sí el reto de construir mejores
procesos de gobernanza que les pueda brindar legitimidad existirá la necesidad
de encontrar mejores formas de utilizar las tecnologías para lograr ese fin.
Este es un proceso que se encuentra
lleno de retos importantes, que no está exento de riesgos y que tiene un
carácter imprevisible, porque la misma tecnología cambia demasiado rápido. La
pandemia del Covid-19 aceleró un proceso que podemos observar desde la década
pasada, que seguramente representará un enorme reto práctico para los tomadores
de decisiones dentro de la administración pública pero también desde el ámbito
la investigación académica dentro de las Ciencias Sociales.
Referencias
bibliográficas
Alcántara,
M. 2004. Gobernabilidad crisis y cambio. FCE.
Andraško, J., Mesarčík, M., y Hamuľák,
O. 2021. The regulatory intersections between artificial intelligence, data
protection and cyber security: challenges and opportunities for the EU legal
framework. AI & SOCIETY, 36(2),
623-636. https://doi.org/10.1007/s00146-020-01125-5
Ayala,
T. 2014. Redes
sociales, poder y participación ciudadana. Revista Austral
de Ciencias Sociales, 23-48. https://bit.ly/3OJEgIv
Berumen
Villarruel, G. Y., y Medellín Mendoza, L. N. 2016. Marketing de los candidatos a la
gubernatura de Nuevo León en las redes sociales durante el proceso electoral de
2015. Apuntes Electorales: revista del instituto electoral
del estado de México, 15(54), 57-90. https://bit.ly/3qijVjX
Blesa Aledo, P. 2006. Medios de comunicación y
democracia: ¿El poder de los medios o de los medios al poder? Sphera Pública,
6, 87-106. https://bit.ly/47l1iMK
Bonson,
E., Ratkai, M., y Royo, S. 2015. Citizens’ engagement on local governments
Facebook Sites. An empirical analysis: The impact of different media and
content types in Western Europe. Government Information
Quarterly, 32(1), 52-62. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.11.001
Bryer,
T. A., y Zavattaro, S. M. 2011. Social media and
public administration: Theoretical dimensions and introduction to the symposium.
Administrative theory & praxis, 33(3), 325-340. https://doi.org/10.2753/ATP1084-1806330301
Cabrero
Mendoza, E. 1997. Del administrador
al Gerente Público. INAP.
Calvo
Porral, C. M. 2014. La credibilidad de los medios de
Comunicación de masas: una aproximación desde el Modelo de Marca Creíble. Intercom RBCC, 37(2), 21-49. https://doi.org/10.1590/1809-584420141
Castro
Alfin, D. 2006. Burke: circunstancia política y pensamiento. Tecnos.
Cebrián
Herreros, M. 2004. La información en televisión,
obsesión mercantil y política. Gedisa.
Center,
P. R. 2007. News audiences increasingly politicized. Pew
Research Center-Social Media.
Chen,
Q., y Jacobson, T. 2022. A process model of the public sphere: A case of
municipal policy debates on Sina Weibo. Policy & Internet,
14(2), 485-502. https://doi.org/10.1002/poi3.281
Clement,
J., Esposito, G., y Crutzen, N. 2023. Municipal pathways in response to
COVID-19: a strategic management perspective on local public administration
resilience. Administration & Society, 55(1), 3-29.
https://doi.org/10.1177/00953997221100382
Criado,
J. V. 2020. Delivering public services through social media in European local
governments. An interpretative framework using semantic algorithms. Local Government Studies, 47(2), 253-275. https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1729750
Criado,
J., Rojas-Martín, F., y Gil-García, J. R. 2017. Enacting social media success
in local public administrations: An empirical analysis of organizational,
institutional, and contextual factors. International Journal
of Public Sector Management, 30(1), 31-47. https://bit.ly/3Yjg82v
Dahl,
R. 1992. La democracia y sus críticos. Paidós.
Davara Fernández de Marcos, L. 2016.
La
importancia de la ciberseguridad en la Administración Pública. Actualidad administrativa,
(7), 11.
de
la Garza, D. 2020. Medios sociales y democratización de la comunicación: del
potencial emergente a los riesgos del presente. Democracias, 8(8),
183-211. https://doi.org/10.54887/27376192.16
de
la Garza, D., y Barredo, D. 2017. Democracia digital en México: un estudio sobre la
participación de los jóvenes usuarios mexicanos durante las elecciones
legislativas federales de 2015. Index Comunicación, 7(1), 95-114. https://bit.ly/47g42ey
de
Marcos, L. D. F. 2016. La importancia de la ciberseguridad en la Administración
Pública. Actualidad administrativa
, (7), 11.
Esquivel
Hernández, J. 2013. ¿El Cuarto Poder? Revista Mexicana de
Comunicación, https://bit.ly/3QsQTJe
Galán
Gamero, J. 2014. Cuando el cuarto poder se constituye en cuarto poder: propuestas. Revista Clave, 17(1), 150-185.
https://bit.ly/47myJyz
García-Galera,
M. del C., del Hoyo-Hurtado, M., y Fernández-Muñoz, C. 2014. Jóvenes comprometidos en
la Red: el papel de las redes sociales en la participación social activa. Comunicar, 43, (XXII), 35-43. https://doi.org/10.3916/C43-2014-03
García,
E., y Huerta Wong, J. E. 2008. La formación de ciudadanos: el papel de la televisión y la
comunicación humana en la socialización política. Comunicación
y Sociedad, 10, 163-189. https://bit.ly/43QaNkp
Gerstle,
G. 2022. The rise and fall of the neoliberal order: America
and the World in the free market era. Oxford University Press.
Gómez
Díaz de León, C. 2016. Historia de la
Administración Pública Mexicana. En C. Gómez Díaz de León, De la Administración Pública tradicional a la nueva Gestión
Pública (pp. 93-126). McGraw Hill.
Gómez,
I. N., y Portela, M. 2011. Determinantes del capital social. Investigaciones
de Economía de la Educación volume 6, 6, 986-1001.
Gómez,
I. N., y Portela, M. 2011. Determinantes del capital social. Investigaciones
de Economía de la Educación volume 6, 6, 986-1001.
González
Pazos, J. 2020. Medios de Comunicación ¿Al servicio de quién? Buenos
Aires : CLACSO.
Gottlieb,
M., y Dyer, S. 2020. Information and disinformation: social media in the
COVID-19 crisis. Academic emergency medicine, 27(7), 640.
https://doi.org/10.1111/acem.14036
Guerrero
Orozco, O. 2019. Principios de Administración Pública.
INAP.
Habermas,
J. 1991. The structural transformation of public sphere: An inquiiry into a category of bourgois
society. MIT Press.
Hood,
C. 1991. Administrative Argument. Darthmouth Publishing
Company.
Hootsuite.
2019. Discover the state of digital in Mexico. Hootsuite Incorporated.
Huerta,
J., y Gómez, R. 2013. Concentración y diversidad de los medios de comunicación y
las telecomunicaciones en México. Comunicación y Sociedad , 19, 113-152. https://bit.ly/3s02hSE
Isaak,
J., y Hanna, M. J. 2018. User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and
privacy protection. Computer, 51(8), 56-59. https://doi.org/10.1109/MC.2018.3191268
Katz,
J., Barris, M., y Jain, A. 2013. The social media president:
Barack Obama and the politics of digital engagement. Springer.
Kemeç, A. 2023. Metaverse
applications as a tool in urban policy design. En Metaverse
Applications for New Business Models and Disruptive Innovation (pp. 12-34).
IGI Global.
Kubin,
E., y von Sikorski, C. 2021. The role of (social) media in political
polarization: a systematic review. Annals of the
International Communication Association, 45(3), 188-206.
https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070
Laidi,
Z. 1997. Un mundo sin sentido. FCE.
Laufer,
R. 1982. El Príncipe burócrata.
Trillas.
Lavertu,
S. 2016. We all need help: “Big data” and the mismeasure of public
administration. Public administration review, 76(6), 864-872.
https://doi.org/10.1111/puar.12436
Loader,
B. D., Vromen, A., y Xenos, M. A. 2014. The networked
young citizen: social media, political participation and civic engagement. Information, Communication & Society, 17(2), 143-150. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571
Luna
Pla, I. 2003. Medios de comunicación y democracia: realidad, cultura cívica y
respuestas legales y políticas. Derecho Comparado de la
Información, 113-152. https://bit.ly/3DHODWL
Maciejewski,
M. 2017. To do more, better, faster and more cheaply: Using big data in public
administration. International Review of Administrative
Sciences, 83(1_suppl), 120-135. https://doi.org/10.1177/0020852316640058
McCombs,
M., y Shaw, D. 2001. The Agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187. https://bit.ly/3OntRRb
Meijer,
A. J., y Thaens, M. 2013. Social Media Strategies: Understanding
the Differences between North American Police Departments. Government
Information Quarterly
, 30(4), 343-350.
doi: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023
Mergel,
I. 2013. A Framework for Interpreting Social Media Interactions in the Public
Sector. Government Information Quarterly , 30(4), 327-334. doi: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.015
Mergel,
I., Ganapati, S., y Whitford, A. B. 2020. Agile: A
new way of governing. Public Administration Review, 81(1), 161-165.
OCDE.
1997. La Transformación de la Gestión Pública. Las reformas
en los países de la OCDE. Madrid: MAP-OCDE.
Pardo,
M. D. 2016. Introducción a la Administración Pública. COLMEX.
Perozo
Martín, R., y Chirinos Martínez, A. C. 2019. Incidencias de la Tecnología web 2.0
en el contexto de la gobernanza y la gobernabilidad. Iustitia Socialis:
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, 4(6), 90-116.
Saleh,
I. 2013. WikiLeaks and the Arab Spring: the twists and turns of media, culture,
and power. En Beyond WikiLeaks: Implications for the future
of communications, journalism and society (pp. 236-244). Palgrave
Macmillan UK.
Simon,
H. 1947. El comportamiento administrativo. Estudios de los procesosdecisorios en la organización administrativa. Aguilar.
Sola-Morales,
S. 2016. Las
redes sociales y los nuevos movimientos estudiantiles latinoamericanos. La”
Primavera Chilena” y el” Yosoy132”. IC Revista Científica de
Información y Comunicación, (13), 9. https://bit.ly/3OgMiaa
Stephens,
S. 2018. Everybody lies: Big data, new data, and what the
internet can tell us about who we really are. Arper
Collins.
Subirats, J. 30 de marzo de 2016. CLAD ORG Webinar. Webinar Retos democráticos en la reconfiguración de la
gestión pública del siglo XXI. https://bit.ly/3QIprHB
Toffler,
A. 1990. El cambio del poder. Plaza & Janes.
Uvalle
Berrones, R. 2005. Perfil contemporáneo de la
Administración Pública. IAPEM.
Villanueva
Gómez, L. 2014. La división de poderes: teoría y
realidad. Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Villodre, J. 2019. Innovación Pública
Abierta. Eunomía. Revista en
Cultura de la Legalidad, 17, 314-327. doi: https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.5036
Villodre, J. 2020. Redes sociales (en las
administraciones públicas).. EUNOMÍA Revista
en Cultura de la Legalidad , (19), 375-390.
Wolfe,
A. 1980. Los limitéslímites de la
legitimidad. Siglo XXI.