ISSN impreso: 1390-3837 / ISSN electrónico: 1390-8634, UPS-Ecuador, No. 43, septiembre 2025-febrero 2026, pp. 15-36.
https://doi.org/10.17163/uni.n43.2025.01
La manipulación de la evidencia de políticas públicas
con la Inteligencia Articial Generativa: los riesgos
de los deepfakes
e manipulation of public policy evidence with Generative
Articial Intelligence: the risks of deepfakes
Christian Cruz-Meléndez
cacruzme@secihti.mx
https://orcid.org/0000-0002-6105-9167
SECIHTI-Universidad de la Sierra Sur, México
https://ror.org/059ex5q34
Recibido: 05/05/2025 Revisado: 28/06/2025 Aprobado: 16/08/2025 Publicado: 01/09/2025
Cómo citar: Cruz-Meléndez, C. (2025). La manipulación de la evidencia de políticas públicas con la In-
teligencia Articial Generativa: los riesgos de los deepfakes. Universitas
XX1, 43, pp. 15-36. https://doi.org/10.17163/uni.n43.2025.01
Resumen
El artículo analiza los riesgos del uso de la Inteligencia Articial Generativa (IAG) y los deepfakes en la
formulación de políticas públicas. La justicación radica en la creciente presencia de medios digitales que
permiten a los ciudadanos generar evidencia de problemas públicos, y el riesgo de manipulación de esta evi-
dencia mediante tecnologías como la IAG, lo que podría distorsionar la toma de decisiones gubernamentales.
El objetivo es señalar cómo los deepfakes pueden alterar la percepción pública de problemas sociales, distor-
sionando la agenda política y la respuesta gubernamental. La investigación es de tipo cualitativo, con enfo-
que exploratorio y descriptivo, utilizando revisión documental sobre políticas públicas, IAG y deepfakes. Se
subraya que, en países como México, la falta de legislación especíca sobre la IAG amplica estos riesgos, y
se sugiere que tanto gobiernos como sociedad civil trabajen en la regulación y en la promoción de una mayor
transparencia en la información digital, para asegurar que las políticas públicas se basen en evidencia real.
Las conclusiones destacan que los deepfakes generan una distorsión signicativa en la evidencia de los pro-
blemas públicos, lo que puede llevar a decisiones erróneas. Se recomienda la creación de marcos regulatorios
y el uso de tecnologías de vericación de contenido para mitigar estos riesgos. Se señala la relación entre
políticas públicas e IAG como un campo de estudio novedoso para la generación de nuevo conocimiento.
Palabras clave
Políticas públicas, agenda, evidencia, internet, redes sociales, Inteligencia Articial, noticias falsas,
desinformación.
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Abstract
The article analyzes the risks of using Generative Articial Intelligence (GAI) and deepfakes in the
formulation of public policies. The justication lies in the growing presence of digital media that allows
citizens to generate evidence of public issues, and the risk of manipulating this evidence through te-
chnologies like GAI, which could distort governmental decision-making. The objective is to highlight
how Deepfakes can alter the public perception of social issues, distorting the political agenda and the
government’s response. The research is qualitative, with an exploratory and descriptive approach, utili-
zing documentary review on public policies, GAI, and deepfakes. It is emphasized that in countries like
Mexico, the lack of specic legislation on GAI amplies these risks, and it is suggested that both go-
vernments and civil society work on regulation and promoting greater transparency in digital informa-
tion, to ensure that public policies are based on real evidence. The conclusions highlight that deepfakes
create signicant distortion in the evidence of public issues, which can lead to erroneous decisions. The
creation of regulatory frameworks and the use of content verication technologies are recommended to
mitigate these risks. The relationship between public policies and GAI is noted as a novel eld of study
for generating new knowledge.
Keywords
Public policies, agenda setting, evidence, internet, social media, Articial Intelligence, fake news, mi-
sinformation.
Introducción
En la era digital, los ciudadanos pueden generar y difundir evidencia de
problemas públicos mediante tecnologías como smartphones, redes sociales
e Inteligencia Articial (IA). Esta capacidad ha facilitado una mayor partici-
pación ciudadana en asuntos de interés colectivo, como las políticas públicas.
Estas, involucran tanto al gobierno como a actores no gubernamentales y ciu-
dadanos, desde la formación de la agenda hasta la evaluación de resultados.
En Internet y redes sociales es común encontrar evidencia compartida por
ciudadanos sobre problemas públicos como baches, inundaciones, alumbra-
do roto, inseguridad o desastres naturales. Este acceso ha permitido una ma-
yor participación ciudadana en la detección de situaciones no atendidas por
la autoridad, generando evidencia útil para la política pública. Sin embargo,
también existen riesgos relacionados con la manipulación de dicha eviden-
cia, lo que puede distorsionar cómo se abordan los problemas.
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Christian Cruz-Meléndez. La manipulación de la evidencia de políticas públicas
El acceso a tecnologías también ha permitido la creación de contenido
manipulado a través de la Inteligencia Articial Generativa (IAG), que puede
generar contenido visual, auditivo o textual falso con un alto grado de realis-
mo, conocido como deepfakes. Estos materiales, como videos de situaciones
falsas o audios de discursos políticos manipulados, presentan un reto para la
formulación de políticas públicas, ya que pueden distorsionar la realidad de
los problemas públicos.
Se plantea como problema central la manipulación de evidencia de polí-
tica pública que es posible realizar mediante deepfakes presenta riesgos para
el proceso de toma de decisiones gubernamentales, distorsionando la agen-
da política, afectando la respuesta gubernamental y reduciendo la conanza
pública. Aunque la participación ciudadana es esencial, existen intereses de
grupo que pueden desviar las políticas hacia intereses particulares, lo que re-
fuerza el riesgo de desinformación. Este artículo tiene como objetivo señalar
que existen riesgos de manipulación de evidencia de políticas públicas presen-
tada por medios digitales mediante deepfakes realizados con IAG. Al recibir
información y evidencia falsa o incorrecta sobre un problema, el resultado
de la política pública no será la solución de la situación. Se parte de la pre-
misa de que, gracias a los medios digitales como los teléfonos inteligentes,
sus aplicaciones (apps) y redes sociales (Facebook, Instagram, X, TikTok),
cualquier ciudadano puede generar evidencia de un problema público, ya
sea en forma de foto, video o audio, y difundirla con el objetivo de que sea
incluida en la agenda gubernamental. Sin embargo, existe el riesgo de que
se manipulen estos materiales mediante la inteligencia articial generativa
(IAG), lo que permite crear y distribuir contenido manipulado, descontextua-
lizado o falso, distorsionando así la información y afectando negativamente
el proceso de formulación de políticas públicas. Se toma como referencia el
caso de México, ya que actualmente carece de leyes, estrategias y políticas
para regular la IAG y los deepfakes.
Materiales y método
Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con el objetivo
de comprender y analizar fenómenos emergentes, como la manipulación de
evidencia en políticas públicas mediante deepfakes generados por IAG, lo
cual es un tema novedoso, pues la relación entre esta tecnología y políticas
públicas ha sido, hasta ahora, poco abordado. En consecuencia, el alcance
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de este trabajo es principalmente exploratorio y descriptivo, lo que permite
obtener una comprensión más profunda de cómo las tecnologías como los
deepfakes pueden inuir en la toma de decisiones gubernamentales y en la
formulación de políticas. Este enfoque es adecuado dada la naturaleza explora-
toria del fenómeno que se encuentra poco documentado en la literatura actual
(Quecedo y Castaño, 2002), especialmente en relación con la manipulación
de evidencia digital y sus implicaciones en el ciclo de las políticas públicas.
Diseño de investigación
Para el estudio de los fenómenos abordados en este artículo, se llevó a
cabo una investigación documental que implicó la revisión de “los artículos
cientícos, capítulos de libros, libros, temas cientícos en las redes sociales,
periódicos, entrevistas a personas, cualquier fuente informativa en la que se
escribió y se llevó un procedimiento para llevarse a cabo una metodología
cientíca para analizar, evaluar y crear nueva información” (González-Ló-
pez, 2024, p. 7). El análisis de la literatura fue de tipo selectivo pues solo
se seleccionaron los textos más importantes y relevantes sobre los temas en
estudio (Hernández et al., 2014). De acuerdo con estos autores la revisión
selectiva se da cuando se está familiarizado con un tema de investigación
como en este caso fue lo referente a políticas públicas, en cuya bibliografía
se buscaron temáticas referentes a su conceptualización, problemas públi-
cos, construcción de la agenda y evidencia de política pública. En cuanto al
tema de la IAG, dada la novedad se tuvo que hacer una búsqueda más ex-
haustiva, la cual se hizo mayormente online lo que implicó “la navegación
y búsqueda en bases de datos cientícas, repositorios institucionales y redes
académicas. Su nalidad es generar datos primarios u originales, es decir,
nuevos conocimientos a partir del análisis de datos secundarios presentes en
documentos (artículos cientícos, libros, ponencias, tesis, etc.) publicados
en la web” (Arias-Odon, 2023, p. 15). En este sentido, se buscaron tesis rela-
cionadas en el catálogo de la UNAM, y en Google Académico, “un buscador
bibliográco gratuito, especializado en recuperar documentos cientícos en
un gran número de disciplinas y fuentes como, por ejemplo, artículos cientí-
cos revisados por pares, tesis o tesinas, patentes, libros, resúmenes, infor-
mes técnicos, etc. Y en identicar las citas que éstos han recibido, ayudando
a conocer el impacto que las publicaciones tienen, convirtiéndose así en un
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competidor de otros motores de búsqueda e índices de citas” (Franco, 2023,
p. 37). En el buscador se introdujeron términos como deepfakes, fakenews,
misinformation, infodemia, redes sociales. Para una delimitación de los temas
se utilizaron operadores “And” y “Or”, por ejemplo “deepfake” and “public
policy”, con el n de obtener resultados más precisos. Adicionalmente se
buscó en Internet y redes sociales casos de deepfakes relacionados a algún
problema público, y se tomaron sitios de noticias, y perles de redes como
Facebook, X, YouTube y TikTok.
Marco teórico
En esta sección se exploran las conexiones entre conceptos que, aunque
inicialmente parecen desconectados, están interrelacionados en el contexto
actual: políticas públicas, agenda de políticas, evidencia de políticas públi-
cas y deepfakes generados por inteligencia articial. Manipular esta eviden-
cia con IAG podría distorsionar las decisiones gubernamentales y afectar los
resultados esperados.
Políticas públicas
Se inicia con el concepto más general, del que se desprenderán otros más
concretos. La denición de políticas públicas no ha estado exenta de un am-
plio debate académico. Desde que se inició esta forma de ejercer el gobierno
basada en la toma decisiones, implementar y evaluar la acción gubernamental,
el sector académico interesado en el tema ha desarrollado un amplio abani-
co de temas para el entendimiento de las llamadas policies. En la literatura
especializada se encuentran deniciones amplias o muy especícas, para no
llamarles limitadas o que tuvieran alguna deciencia. Al respecto, Velásquez
(2009) señala que la denición de políticas públicas es un proceso complejo
al punto que hay autores que en sus investigaciones no hacen explícita al-
guna denición; otros se limitan a citar alguna conceptualización propuesta
por otro autor; y en otros casos se limitan a hacer un listado de elementos
que conforman la política pública, concluyendo con una propuesta propia.
El presente trabajo puede enmarcarse en este caso, pues no tiene como pro-
pósito participar en el debate sobre la denición de políticas públicas, pero
si considera importante que se entienda que es una política pública, lo cual
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en el futuro puede llegar a ser debatido o contrastado. Sin embargo, esto más
que considerarse un problema o una falla, es en el marco del debate acadé-
mico propia de las ciencias sociales, una oportunidad para enriquecer la dis-
cusión, esperando que los lectores e interesados en los temas aquí abordados
descubran e integren elementos que fortalezcan el campo de conocimiento.
Retomando el punto de los elementos esenciales para entender a las políticas
públicas se proponen los siguientes:
•
La existencia de un problema público: este tipo de problemas son
aquellos que afectan o impactan negativamente a una colectividad, y
de acuerdo con Aguilar (2017) son de interés general, como aquellos
relacionados con la seguridad de las personas y sus bienes, y se en-
cuentran dentro del ámbito de las responsabilidades constitucionales
del Estado, requieren únicamente que se cumplan adecuadamente las
obligaciones del gobierno. Además, a estos problemas se les ha de-
nominado complejos o retorcidos (Head, 2008), y se reconocen las
siguientes características, de acuerdo con Rittel y Webber (2017):
No tienen una solución denitiva; Las soluciones son transitorias y
pueden cambiar con el tiempo o la evolución del problema. Igual-
mente, las soluciones posibles pueden generar nuevos problemas, lo
cual no es posible prever todos por lo que se genera incertidumbre
en el proceso de decisión.
• La (in)acción de la autoridad: el Estado juega un papel crucial en la
gestión de estos problemas. Uvalle (2022) destaca que los órganos
del Estado son responsables de reconocer estos problemas y darles
una respuesta activa. Sin embargo, la inacción también se considera
una forma de política pública, no por omisión o incompetencia, sino
cuando los responsables no asignan recursos ni proponen acciones,
a menudo por razones ideológicas o falta de recursos (McConnel
y ’t Hart, 2019).
•
Participación de otros sectores: aunque la política pública son accio-
nes de la autoridad no signica un ejercicio arbitrario del poder, es
decir, “las políticas públicas no son producto de los ideales o deseos
de los gobernantes, ni tampoco de los regímenes políticos de dicta-
dura o autocracia” (Uvalle, 2022, p. 25), pues un elemento que ha
caracterizado el gobierno por políticas públicas es la participación de
actores no gubernamentales pero involucrados, afectados o interesa-
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Christian Cruz-Meléndez. La manipulación de la evidencia de políticas públicas
dos en el problema público, la intervención y la solución determina-
da. Esto implica buscar diálogos, entendimientos, acuerdos, que den
legitimidad a la acción llevada a cabo por el gobierno, lo que inclu-
ye según Franco (2020) conocer opiniones de los afectados y darles
un papel participativo en el proceso de la política, lo que le otorga
legitimidad a la acción pública y fortalece el entorno democrático
(Arellano y Blanco, 2013).
•
Decisiones, herramientas e información: los problemas públicos son
numerosos, pero los gobiernos, por limitaciones de recursos, capa-
cidad o ideología, seleccionan algunos para formar su agenda de
gobierno, priorizando aquellos que pueden abordar y conformarán
la agenda de gobierno la cual enlista “el conjunto de problemas, de-
mandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado
y ordenado como objetos de su acción y, sobre los que han decidido
que deben y tienen que tienen que actuar” (Aguilar, 2017, p. 29). Los
gobiernos deben elegir los instrumentos adecuados para encauzar su
acción, con el objetivo de modicar lo que está generando malestar
en la sociedad (Villarreal, 2019). En cuanto a la información, Bar-
dach (1998) señala que el análisis del diseño de una política pública,
debe basarse en información que se convierte en evidencia para en-
tender y cuanticar un problema público (que puede tener distintas
retoricas e interpretaciones), y de esta forma resolverlo o por lo me-
nos controlarlo. De esta información depende el proceso de toma de
decisiones, la utilización de recursos, las acciones implementadas y
mejora el proceso de planeación (Paz, 2024).
Tras agrupar los elementos clave de las políticas públicas y alinearlos
con la temática y objetivos, estas pueden entenderse como intervenciones
(decisión, acción, evaluación, continuidad y terminación) de las autorida-
des competentes, orientadas a identicar y resolver problemas públicos, en
coordinación con actores relevantes, utilizando conocimientos, herramientas
y evidencia adecuada para lograr mejores resultados. Este trabajo no se en-
foca en el debate sobre la construcción conceptual de las políticas públicas,
más bien, analiza la relación entre las tecnologías emergentes, como las TIC
y la inteligencia articial, y su impacto en la formulación de políticas públi-
cas. Las plataformas digitales han transformado la participación ciudadana,
permitiendo que los ciudadanos inuyan de manera más directa y masiva.
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Redes sociales, foros en línea y encuestas electrónicas amplían la diversidad
de actores involucrados, dejando atrás los procesos políticos elitistas y limi-
tados a expertos y políticos.
La evidencia en las políticas públicas
La evidencia es crucial en el proceso de políticas públicas, ya que propor-
ciona información sobre el problema, su magnitud, los afectados, recursos y
alternativas de decisión. Los problemas públicos son complejos, y cada ac-
tor involucrado defenderá su visión, lo que genera un debate lleno de creen-
cias, intereses y valores (Pirazán y Ríos, 2014). Esto complica el análisis y la
toma de decisiones, ya que la política no siempre sigue un proceso racional
y técnico, sino que está inuenciada por conictos políticos, juicios de valor
e ideologías (Jaime et al., 2013).
Una evidencia es una “certeza clara y maniesta de la que no se puede
dudar” (Real Academia Española, 2025), es cualquier tipo de información,
dato o hecho que respalda una armación, teoría o argumento, y que se uti-
liza para probar o refutar una idea o hipótesis. En este sentido, la evidencia
cumple la función de fortalecer un argumento, proporcionando objetividad
y reduciendo o eliminando incertidumbres y ambigüedades. En el contexto
de las políticas públicas, la evidencia juega un papel crucial, pues ofrece el
respaldo necesario para el diseño y la toma de decisiones informadas. Así,
surge el llamado enfoque de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, espe-
cícamente cuando en…
1999 el gobierno británico propuso introducir una visión “ilustrada” para de-
sarrollar políticas públicas. El entonces primer ministro, Tony Blair, sugirió
que la formulación de buenas políticas dependía de contar con información
de alta calidad, la cual se obtiene de diversas fuentes tales como el conoci-
miento especializado, la investigación existente nacional e internacional, da-
tos estadísticos, consulta a los poseedores de interés (stakeholders), ejercicios
previos de evaluación de políticas, investigación reciente e incluso fuentes
secundarias. (Flores-Crespo, 2013, p. 267)
Respecto a la evidencia en políticas públicas se han identicado tres ti-
pos según Head (2008):
•
Conocimiento político: generado por actores políticos, partidos, grupos
de interés y medios. Es subjetivo, inuenciado por ideologías e intereses.
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Christian Cruz-Meléndez. La manipulación de la evidencia de políticas públicas
•
Conocimiento cientíco: basado en métodos analíticos y evidencia
empírica. Es esencial que los datos sean ables y los métodos siste-
máticos para asegurar conclusiones objetivas.
•
Conocimiento práctico: proviene de la experiencia cotidiana en la
implementación de políticas y programas, sin ser derivado de teorías
o análisis sistemáticos.
Se puede integrar una categoría adicional nombrada evidencia ciudada-
na, la cual no siempre está construida de manera cientíca, puede tener in-
uencias políticas y subjetividades, y posee sabiduría práctica, como partes
afectadas por la política pública, y representa “el conocimiento que poseen
los ciudadanos, tanto de forma individual como colectiva, a partir de sus vi-
vencias cotidianas. Esta evidencia está vinculada con la comprensión de un
lugar, una cultura o una comunidad y sus problemas, y se adquiere mediante
la experiencia directa de las personas que forman parte de ella” (Ademokun
et al., 2016, p. 28). Los autores agregan que esta evidencia al estar cargada
de subjetividades necesita un equilibrio con el conocimiento cientíco y de
experiencia del implementador.
Finalmente, son los ciudadanos quienes experimentan directamente los
problemas públicos como inseguridad, mala infraestructura, tráco, basura,
transporte deciente e inundaciones. En un entorno democrático, su voz es
fundamental en la creación de políticas públicas. Los involucrados presen-
tan sus versiones y buscan benecios, lo que genera una discusión pública
entre ciudadanos y responsables de elaborar políticas. Esto permite obtener
resultados y conclusiones basadas en diversos puntos de vista sobre la rea-
lidad (Majone, 1997).
Es fundamental tener en cuenta la etapa del ciclo de las políticas públi-
cas en la que se incorpora la evidencia, y de que tipo. Sobre esto Pollard y
Court (2005) destacan el papel de la evidencia en cada una de las etapas de
una política pública
• Establecimiento de la Agenda: identicar el problema, la argumen-
tación y la evidencia es fundamental.
• Formulación: análisis de opciones, decisiones y acciones.
• Implementación: la puesta en marcha de la política.
•
Evaluación: monitorear los resultados obtenidos, determinar si el
rumbo de la política es adecuado o si necesita cambios.
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Este trabajo se enfoca en la evidencia para la etapa de establecimiento de
la agenda y cómo contribuye a determinar qué problemas serán atendidos,
dado que no todos pueden ser abordados por la autoridad por limitaciones
nancieras, técnicas, humanas o ideológicas, la forma en que se establece la
agenda inuye directamente en la política pública. La evidencia ciudadana
es clave en este proceso. Según la OCDE (2024), los ciudadanos son consi-
derados “expertos por experiencia” y “partes interesadas” en la formulación
de políticas, lo que garantiza equidad y acceso inclusivo. La evidencia ciu-
dadana proporciona información empírica crucial para la toma de decisio-
nes. Esta evidencia se obtiene a través de encuestas, foros de participación,
consultas públicas y redes sociales, que permiten a los ciudadanos denun-
ciar problemas como baches, delitos, abusos de autoridad y deciencias en
servicios públicos, facilitando la organización y movilización para abordar
estas cuestiones. En este sentido, Cruz-Rubio (2015) identica algunas he-
rramientas para que los ciudadanos participen en la etapa de formulación de
políticas públicas:
•
Foros ciudadanos en los que se puede exponer el problema, argu-
mentar y presentar evidencias.
• Comités ciudadanos para la toma de decisiones.
•
Grupos focales, en los que se muestre información y evidencia so-
bre un problema.
• Encuestas y sondeos para obtener información y datos, que se con-
viertan en evidencia.
•
Medios digitales. En este la lista de herramientas es más amplia, gra-
cias al auge de las TIC y la accesibilidad masiva. Estos canales, como
apps cívicas y redes sociales, permiten a los ciudadanos informar a
las autoridades sobre problemas públicos y participar en debates. Las
apps cívicas facilitan la denuncia de hechos relevantes, mientras que
las redes sociales fomentan la comunicación, la participación y el ac-
ceso a la información (Cruz-Rubio, 2015).
Inteligencia Articial Generativa y deepfakes
La incorporación de la Inteligencia Articial (IA) en áreas clave de la so-
ciedad, como el comercio, la salud, la educación, la administración y las po-
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Christian Cruz-Meléndez. La manipulación de la evidencia de políticas públicas
líticas públicas, ha cobrado relevancia recientemente. La IA, denida como
una tecnología disruptiva que:
Utiliza datos y algoritmos para realizar tareas típicamente humanas, es capaz
de aprender de forma autónoma y tomar decisiones basada en la utilización de
datos y algoritmos, capaz de generar capacidades y aprendizaje considerado
autónomo y/o inteligente, así como desarrollar tareas habitualmente entendi-
das como humanas, centradas en la consecución de determinados objetivos,
incluyendo diferentes ámbitos de aplicación, entre otros, la percepción, el ra-
zonamiento o la acción. (CLAD, 2023, p. 7)
Se han anotado aplicaciones de IA como los análisis predictivos, el aná-
lisis de grandes cantidades de datos, la posibilidad de implementar agentes
conversacionales (Chatbots), toma de decisiones, y fomentar la participación
ciudadana. Como toda tecnología la IA no se encuentra exenta de riesgos que
“suponen amenazas potenciales que también puede afectar negativamente a
los individuos en los distintos ámbitos de desarrollo, es decir, genera efectos
internos y externos al sistema” (Vera, 2024, p. 91).
La Carta Iberoamericana de Inteligencia Articial en la Administración
Pública (CLAD, 2023) identica riesgos en la protección de datos persona-
les, privacidad, transparencia de los algoritmos, sesgos humanos y manipu-
lación de los sistemas.
En particular, la Inteligencia Articial Generativa (IAG), que crea con-
tenido como texto, imágenes y videos, está ganando atención. A diferencia
de la IA tradicional, que se enfoca en el análisis de datos, la IAG produce
productos como fotografías, videos y conversaciones (OCDE, 2023). Este
tipo de IA no se concentra en la predicción, clasicación, análisis de volú-
menes de datos (AMETIC, 2024), sino que su producto nal puede ser una
fotografía, un video, una animación, una canción, una conversación o una
declaración. Para Storey et al. (2025) “la IAG ha generado gran interés y es-
peculación sobre el papel de la inteligencia articial en el uso cotidiano, im-
pulsado, en parte, por la creciente popularidad de herramientas como Chat-
GPT y Dall-E, MidJourney, Google Bard y CoPilot AI” (p. 3). Un fenómeno
reciente relacionado con la inteligencia articial generativa (IAG) es el de
los deepfakes: contenidos falsos o manipulados creados con el objetivo de
difundir información errónea o engañosa. Estos pueden generar imágenes y
videos realistas, pero falsos, que se utilizan para difamar, inuir en procesos
electorales o dañar la reputación de personas e instituciones (Ríos, 2023).
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Este fenómeno comenzó en 2017, cuando un usuario de Reddit compar-
tió videos manipulados de celebridades con contenido sexual explicito (Ca-
ballero, 2024).Se entiende por deepfake a:
El uso de técnicas de aprendizaje profundo para fabricar contenidos mediá-
ticos engañosos. Este término engloba tanto el proceso de creación como los
medios manipulados resultantes. Esta tecnología permite alterar el contenido
de los medios de comunicación sin interacción directa con el material origi-
nal. (Ramos-Zaga, 2024, p. 365)
El origen del término “deepfake” proviene del inglés “deep” (profundo)
y “fake” (falso). Se reere a la manipulación de contenido visual, auditivo
o multimedia mediante redes neuronales profundas, un tipo de algoritmo de
inteligencia articial, para crear material falso que parece genuino.
La Inteligencia Articial Generativa
y la evidencia de políticas públicas
Como se mencionó, en este trabajo se hace una relación entre dos temas
separados, al que se les ha encontrado un elemento de conexión, la IAG y
los deepfakes para manipular la evidencia de políticas públicas. La manipu-
lación de la realidad social no de ninguna forma algo actual, desde una épo-
ca que se pude llamar off line, es decir, antes del surgimiento de la era de los
medios digitales ya había prácticas para controlar los medios de comunica-
ción para transmitir en estructuras periodísticas “noticias engañosas e infor-
mación no conable o manipulada, como los dichos o declaraciones ajenas
a un contexto que explique la motivación de quienes las emiten” (Chávez,
2022, p. 44). Antes de las TIC, los medios tradicionales como televisión, ra-
dio y prensa escrita controlaban la difusión de información sobre temas so-
ciales y políticos. En esa era predigital, ya existía la manipulación mediáti-
ca mediante imágenes, videos y textos para inuir en la percepción pública
(Cabral, 2019). Mayoral et al. (2019) señalan que la desinformación y las
mentiras con nes especícos han estado presentes a lo largo de la historia y
que los rumores siempre han sido parte de las civilizaciones.
Posteriormente se dio el paso a la cuarta revolución industrial o era di-
gital, marcada por el uso intensivo de las TIC en prácticamente todos los as-
pectos de la vida de las sociedades, esto es como menciona Schwab (2017)
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Christian Cruz-Meléndez. La manipulación de la evidencia de políticas públicas
se vive en la era de las tecnologías digitales, el Internet, las redes sociales,
los teléfonos inteligentes, y la Inteligencia Articial (incluida la IAG). Con
estas tecnologías, se empezó a derrumbar el monopolio de la información
por parte de medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita, y
“el periodista ha dejado de tener el monopolio en la intermediación entre un
acontecimiento y su relato. El periodista y su empresa ya no son los únicos
que tienen las herramientas para construir y divulgar noticias” (Espiritusanto,
2011, p. 8). Con las tecnologías accesibles para todos, ahora es fácil generar y
difundir contenido con diversas intenciones, incluso para causar daño social.
En la era digital, la manipulación de información se facilita, permitiendo que
los ciudadanos se conviertan en prosumidores, creando y compartiendo con-
tenido para debatir y analizar problemas públicos (Lastra, 2016).
Los medios digitales han facilitado la participación ciudadana en la de-
nuncia de problemas públicos, permitiendo compartir información de forma
inmediata y global. Sin embargo, la democratización de la información tam-
bién conlleva el riesgo de manipulación, un fenómeno que, aunque ampli-
cado por las tecnologías, no es nuevo, por ejemplo, es posible subir videos,
fotografías o cualquier material falso, manipulado o descontextualizado, para
“construir narrativas verosímiles de hechos falsos” (Bañuelos, 2020, p. 54).
En un principio los deepfakes se centraban en celebridades, políticos y
líderes económicos (Westerlund, 2019), sin embargo, su uso ha escalado a
hechos incluso delictivos como la extorsión, difusión de datos personales,
violación a la intimidad, fraude, violación a derechos de autor, y distorsio-
nar procesos democráticos (Ramos-Zaga, 2024), a lo que se le puede sumar
manipular evidencia para el diseño de políticas públicas. En este sentido, Ar-
guelles (2023) apunta que a la IAG se le puede dar un mal uso lo que provo-
caría un equivocado análisis del problema y de las subsecuentes fases de la
política; también se pueden subestimar o sobrestimar los problemas públicos
generando una agenda de gobierno distorsionada, en consecuencia, la per-
sistencia o agravamiento del problema real. En Internet y las redes sociales
es constante encontrar materiales multimedia que evidencian supuestamente
un problema público, como pueden ser videos de personas que caen en ba-
ches llenos de agua durante una transmisión televisiva en vivo; o entrevistas
a supuestos damnicados de un desastre natural; también videos de personas
nadando o navegando en lanchas después de una fuerte lluvia. De esta for-
ma, los deepfakes tienen el potencial de distorsionar la realidad, información
y evidencia en políticas públicas, lo que se aborda en el siguiente apartado.
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No. 43, septiembre 2025-febrero 2026
La relación de la IA y la IAG
en la evidencia de políticas públicas
Continuando con el argumento de la posibilidad de los medios digitales
para compartir información, datos, y evidencia sobre problemas públicos,
la evolución de la web hacia las etapas 2.0 y 3.0 ha hecho a los medios di-
gitales más interactivos, permitiendo a los ciudadanos producir y compartir
contenido multimedia (fotos, audio, video) como evidencia de problemas
públicos, lo que facilita que estos temas sean incorporados en la agenda de
políticas públicas. De acuerdo con Bekkers y Edwards (2018), estos medios
digitales tienen un papel destacado para la difusión de las imágenes, los so-
nidos y otras experiencias visualizadas para ayudar a enmarcar los proble-
mas, y como menciona Rodríguez (2021) documentar lo que se está vivien-
do y dejar evidencia.
Para Pearson y Dare (2016), los contenidos audiovisuales utilizados como
evidencia para el diseño de una política pública favorecen una comprensión
más amplia del mundo social, y se convierten en un elemento importante en
la formulación de políticas, Al centrarse en imágenes y materiales visuales en
lugar de palabras escritas y números, facilitan la participación de miembros
de la sociedad a menudo marginados de los procesos tradicionales de análisis
de políticas y pueden proporcionar una imagen más completa de los proble-
mas o el contexto. Los medios digitales han sido efectivos “para posicionar
temas sociales en la agenda mediática y más tarde tener incidencia en la esfera
política, su importancia es destacable por la capacidad de alcance y acceso a
la información, que facilita la organización social” (Mendoza, 2021, p. 53).
La Inteligencia Articial (IA) se ha integrado en el proceso de políticas
públicas, mejorando el diseño de las mismas desde la identicación del pro-
blema hasta la evaluación de su implementación, midiendo ecacia, costos
y resultados (González et al., 2020). En particular, juega un papel clave en la
denición de la agenda y la identicación de problemas, mejorando la pre-
cisión, eciencia y velocidad en el análisis de datos. Los medios digitales,
como redes sociales y plataformas, se han convertido en fuentes cruciales
de información que la IA puede procesar para generar evidencia relevante
(Valle-Cruz et al., 2020).
Aunque se reconoce el potencial de la IA para transformar la adminis-
tración y las políticas públicas, los gobiernos con infraestructura tecnológi-
ca limitada podrían quedar al margen de sus benecios. La brecha digital se
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Christian Cruz-Meléndez. La manipulación de la evidencia de políticas públicas
presenta como una barrera clave, ya que genera desigualdades en el acceso a
herramientas esenciales como Internet, dispositivos móviles y redes sociales.
Esto diculta que ciertos gobiernos y comunidades puedan aprovechar estas
tecnologías para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, muchas adminis-
traciones carecen de sitios web, aplicaciones móviles o presencia en redes so-
ciales. Además, la falta de acceso a dispositivos y conectividad limita la capa-
cidad de los ciudadanos para recopilar y compartir evidencia sobre problemas
públicos, lo que complica la distinción entre información veraz y manipulada.
Manipulación de información en México:
de casos históricos y el monopolio informativo
a los riesgos de los deepfakes
En México, las TIC han democratizado el acceso a la información públi-
ca, un avance signicativo comparado con la era predigital del siglo XX. En
ese tiempo, medios como la radio, televisión y prensa fueron esenciales en la
formación de la opinión pública, pero también fueron manipulados para ali-
near la información con intereses políticos y económicos. Durante gran parte
del siglo XX, México vivió bajo un sistema político autoritario que contro-
laba los medios de comunicación, utilizando tecnologías como la televisión
y la radio para difundir el discurso ocial y manipular la información. Este
control favorecía intereses políticos, económicos y omitía el contexto nece-
sario para un entendimiento más amplio de la realidad. Los medios mostra-
ban una imagen de crecimiento y progreso, mientras minimizaban o igno-
raban desigualdades sociales, violaciones de derechos humanos y represión
política, debido a la complicidad entre el gobierno y los medios (Gutiérrez,
1985). En esta época del partido hegemónico, los medios de comunicación…
Lejos de ser interlocutores o contrapesos del poder como lo son en socieda-
des democráticas, en México los medios de comunicación eran verdaderas
comparsas del gobierno. En el caso mexicano la estrecha colaboración de los
medios de comunicación con el régimen autoritario se dio porque los propie-
tarios de los medios formaban parte, en mayor o menor medida, del sistema
de poder. (Bravo, 2008, p. 63)
En el caso de México es difícil obtener información sobre casos de ma-
nipulación de la información de problemas públicos cotidianos en los tiem-
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pos no digitales, sin embargo, hay casos representativos de manipulación de
información, como los hechos del 2 de octubre de 1968, cuando las cadenas
de televisión no cubrieron de manera objetiva los sucesos de Tlatelolco y pre-
sentaron a los manifestantes como una amenaza para la estabilidad del país.
La narrativa que se transmitió por televisión favoreció al gobierno y ocultó
la magnitud de la represión (Fijałkowska, 2013). También se pueden anotar
las elecciones y campañas electorales de 1988 (Sandoval, 2002), e incluso
el caso del “chupacabras”, un rumor difundido por medios de comunicación
masiva de la época de los noventa, sobre la existencia de un ser que atacaba
animales (ganado) e incluso a seres humanos, impulsado por testimonios de
supuestos testigos y que estuvo en la agenda durante algunos meses (Zires
y Ledesma, 2007).
En el siglo XXI, la llegada de los medios digitales, la web 2.0, teléfonos
inteligentes y redes sociales rompió los monopolios de medios tradicionales.
Un ejemplo de ello fue el movimiento #internetnecesario en 2011, que evitó
que se gravaran los servicios de Internet (Zamora, 2011). De igual forma, en
situaciones como los desastres naturales, un problema que aqueja a México,
las TIC han sido un gran aliado para la movilización cívica, como en los sis-
mos de 2017 cuando “los dispositivos móviles y sus cámaras, y la conexión
por datos, los ciudadanos pudieron generar sus propios videos, algo que en
1985 parecía exclusivo de las televisoras, con herramientas como Periscope
y Facebook Live, se pudieron realizar transmisiones en vivo (streaming) a
través de Twitter y Facebook” (Cruz-Meléndez, 2022, p. 120). Los medios
digitales también tienen utilidad para evidenciar problemas públicos del día
a día, como calles en mal estado, alumbrado descompuesto, problemas de
vialidad, malas condiciones en servicios como salud y educación, corrupción
de servidores públicos e inseguridad pública.
Sin embargo, el impacto puede tener la IAG y los deepfakes en la eviden-
cia de políticas públicas, es un tema poco abordado en México, donde no hay
una regulación o una estrategia en materia de uso de Inteligencia Articial,
aunque hay algunos intentos que se pueden mencionar. Desde la Sociedad
Civil existe la Alianza Nacional de Inteligencia Articial (ANIA) “una coa-
lición de expertos en Inteligencia Articial de todos los sectores y disciplinas
que buscan democratizar el acceso a la IA en México e impulsar la inclusión,
la adopción, la transformación, el bienestar social y el desarrollo económico,
y que reconoce y fortalece el ecosistema de inteligencia articial en México
con una perspectiva integral, plural y multidisciplinaria” (ANIA, 2025). Esta
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organización presentó un documento llamado “Propuesta de Agenda Nacio-
nal de la Inteligencia Articial para México 2024-2030” en el que se hacen
recomendaciones sobre políticas públicas de IA en temas como seguridad,
protección de datos, innovación, educación y derechos humanos. Aunque
no se habla directamente de deepfakes, se menciona la importancia de “de-
sarrollar sistemas de detección de noticias falsas o engañosas, desinforma-
ción, distorsión de la realidad y otros contenidos sintéticos que puedan ser
utilizados para manipular la opinión pública” (Lagunes et al., 2023, p. 24).
En materia de legislación sobre la IA no hay una ley que regule su uso, solo
se han presentado iniciativas las cuales en su mayoría se enfocan en los dee-
pfakes (Meza, 2024), lo que signica que el tema aquí abordado si ha sido
de interés para el legislativo. Por ejemplo, en la “Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide Ley Federal que Regula la Inteligencia Arti-
cial” presentada en el Senado de la República, se hace mención de sancio-
nes a quien mediante deepfakes manipulen situaciones, personas o lugares.
Por su parte, el poder judicial también ha actuado en materia de deepfakes
de IA, pero solo en casos de que se utilice para contenido sexual explicito
(SCJN, 2025), por lo que aún no lo discute en materia de manipulación de
evidencia de políticas públicas.
Conclusiones
El acceso generalizado de las TIC y la IAG presenta tanto oportunidades
como riesgos para las políticas públicas. Desde una perspectiva positiva, per-
mite a los ciudadanos participar activamente en cuestiones que anteriormen-
te estaban reservadas para burócratas y políticos, dándoles la posibilidad de
generar evidencia mediante los medios digitales disponibles. Sin embargo,
también existen riesgos asociados, ya que tecnologías como la IAG, que da
lugar a los deepfakes, pueden ser utilizadas para manipular situaciones y dis-
torsionar la percepción de problemas sociales, afectando la formulación de
políticas públicas. En países como México, donde la regulación sobre IAG
es escasa y no existe una estrategia para controlar los deepfakes, los riesgos
se amplican. Por un lado, los medios digitales han roto el monopolio de la
información, permitiendo a los ciudadanos generar evidencia directa sobre
los problemas públicos; pero, por otro lado, se han presentado casos en los
que los deepfakes no solo han afectado a individuos, sino también han alte-
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rado la percepción de situaciones sociales. Este entorno de desinformación
plantea un desafío signicativo, ya que puede distorsionar la evidencia utili-
zada en la toma de decisiones gubernamentales. Por lo tanto, es crucial que
gobiernos, sociedad civil y ciudadanos implementen medidas de vericación
y autenticación de contenidos digitales de fácil acceso, para garantizar que
las políticas públicas sean basadas en evidencia real y se lleven a cabo de
manera cientíca, transparente y profesional.
Dado que México aún no cuenta con una legislación especíca sobre la
IA y busca preservar la participación ciudadana en la formulación de polí-
ticas públicas, es esencial crear un marco legal e institucional que regule el
uso de materiales generados por IAG y controle los deepfakes. Esto incluye
no solo la protección contra el daño a personas, como violaciones de la in-
timidad, difamación o robo de identidad, sino también la preservación de la
integridad de la evidencia utilizada en políticas públicas. Este marco ya tiene
bases en organizaciones como la Coalición para la Procedencia y Autentici-
dad del Contenido (C2PA), creada en 2021 por Microsoft, Adobe, Google,
Sony, Meta y otros, que se dedican a vericar la autenticidad de los conteni-
dos digitales. Además, tecnologías como blockchain ofrecen soluciones para
identicar, vericar y eliminar deepfakes y otros contenidos manipulados.
Es indispensable que el poder legislativo priorice este tema y apruebe
una ley de Inteligencia Articial que contemple aspectos éticos, morales y
de protección a los derechos vulnerados por la IAG. En este contexto, el sec-
tor académico tiene una oportunidad para investigar nuevos enfoques en las
políticas públicas, y su relación con la IAG y los deepfakes. Este es un cam-
po de estudio novedoso e interdisciplinario que involucra áreas tan diversas
como la tecnología, la ética, la política, la comunicación, la administración
y las políticas públicas, y el derecho, lo que lo convierte en un tema comple-
jo de abordar. Aunque este trabajo se centró en la relación entre evidencia,
IAG y deepfakes, también existen amplias oportunidades de investigación
en otras fases del ciclo de las políticas públicas, como la creación de marcos
legales y los dilemas éticos en la regulación del contenido generado por IA.
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Declaración de Autoría - Taxonomía CRediT
Autor Contribuciones
Christian Cruz-Meléndez
Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal,
Investigación, Recursos, Curaduría de datos, Escritura-borrador original,
Escritura-revisión y edición, Visualización, Supervisión, Administración
del proyecto, Adquisición de fondos.
Declaración de Uso de Inteligencia Articial
El autor DECLARA que la elaboración del artículo La manipulación de la evidencia de
políticas públicas con la Inteligencia Articial Generativa: los riesgos de los deepfakes,
no contó con el apoyo de Inteligencia Articial (IA).
